El presidente de la Suprema Corte de Justicia fue apoderado de un informe de supuestas irregularidades en el manejo de expedientes en San Cristóbal, donde la jueza investigada responsabiliza de las acciones a varios fiscales adjuntos.
El informe fue realizado por el Departamento de Inspectoría de la SCJ ante la denuncia del senador Tommy Galán de que la jueza de instrucción de San Cristóbal, Regina Carvajal Vizcaíno, había ordenado la libertad de varios imputados, muchos de ellos implicados en narcotráfico.
Carvajal Vizcaíno, según el informe, acusa a los fiscales de no cumplir con su deber, al no presentar las pruebas para demandar que los imputados sean enviados a juicio.
“Quienes están incurriendo en actos de corrupción en San Cristóbal son algunos miembros del Ministerio Público”, afirma la magistrada, de acuerdo al informe.
La jueza involucra en su denuncia a los fiscales adjuntos Fernelys Rodríguez y otro solo identificado como Pulinario.
“Otros integrantes de ese Ministerio Público son vistos reunidos con imputados, que para la justicia se encuentran prófugos, en lugares estratégicos y apartados”, dice Carvajal Vizcaíno, quien además afirma que “un cuerpo tan desacreditado como ese no reúne un mínimo de credibilidad para acusar a nadie”.
Según la jueza, durante el desarrollo de los juicios los fiscales no aportan las pruebas, pero cuando pierden los casos acuden a los medios de comunicación a cuestionar a los jueces para quedar bien ante sus superiores.
El senador Galán había denunciado que algunos magistrados de esa jurisdicción estaban descargando a imputados.
Suprema corte ha sancionando a jueces
Entre los últimos jueces que han sido sancionados por la SCJ están el presidente de la Cámara Penal de La Vega, Julio Andrés Adames, por haber incurrido en prevaricación debido a que aceptó 50 mil pesos y una pistola de un imputado.
También la jueza del Distrito Judicial de Santiago, Verónica Fermín Lora, fue cancelada al comprobarse que incurrió en faltas graves en el ejercicio de sus funciones en la jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes porque tenía 1,555 expedientes pendientes de decisión.
En la provincia Pedernales, el juez de Instrucción del Distrito, Rafael Féliz Pérez, fue cancelado al comprobarse que pedía dinero para resolver casos, golpeaba las mujeres y se paseaba por las calles en estado de embriaguez.
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