El procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, reunió a todos los fiscales de las diferentes jurisdicciones del país y los instruyó para que actúen contra la estafa en la venta de gas licuado de petróleo, que perjudica a la población de escasos recursos económicos. Las acciones se llevarán a cabo en coordinación con el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Proconsumidor). En el encuentro, celebrado en la sede de la Procuraduría del Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, y que contó con la participación de la directora de Proconsumidor, licenciada Altagracia Paulino, el magistrado Jiménez Peña anunció la designación del procurador general adjunto, Frank Soto, como enlace entre ambas instituciones.
El funcionario manifestó que dentro de las responsabilidades del Ministerio Público está velar por el fiel cumplimiento de la ley y, sobre todo, por la protección de la ciudadanía.
“Ustedes se imaginan los millones de pesos que en estos momentos envuelve esa estafa contra las amas de casas, esa gente humilde del pueblo”, subrayó Jiménez Peña en el encuentro donde participaron todos los procuradores de Cortes y fiscales del país.
Dijo que en los lugares más lejanos como es la zona fronteriza, en las provincias céntricas, en las regiones Este y Sur, así como las áreas turísticas del país, estará presente el Ministerio Público para actuar contra el fraude que cometen algunas plantas envasadoras de gas.
Manifestó que la acción de perseguir ese delito, que inició la directora de Proconsumidor, no sólo merece el respaldo del Ministerio Público, sino también de la ciudadanía en general. “Le garantizo a usted que este equipo de hombres y mujeres estará siempre a su disposición”, dijo el funcionario tras felicitar a Paulino por el trabajo que realiza al frente de la institución.
Mientras que la directora de Proconsumidor dijo que la actuación de los fiscales ha sido un apoyo fundamental en la lucha contra esos abusos.
Anunció que adquirirán más medidores para continuar reforzando la verificación de las plantas envasadoras que perjudican a la población en todo el territorio nacional.
Exhortó a la ciudadanía a denunciar, ante esa institución, cualquier acción que atente contra la Ley 358-05 sobre Protección a los Derechos del Consumidor y Usuario. Dijo que la población puede declarar las estafas relativas a la salud y seguridad, alteración, adulteración, falsificación o fraude de precios, transacciones comerciales, condiciones técnicas de venta y precios, así como normalización y documentación, entre otras.
El Ministerio Público tiene como línea perseguir ese tipo de delito por el daño que hace a la población.
