miércoles, 28 de abril de 2010

CANDIDATO A DIPUTADO FRANKLIN BAUTISTA FELICITA ALA JCE POR SUS ACERTADAS DECICIONES


El candidato a diputado del Partido Revolucionario Dominicano, Lic. Franklin bautista, definió como una buena señal la decisión de la Junta Central Electoral de prohibir la utilización de los programas sociales del Gobierno con fines electorales, pero propuso que la medida sea extendida a las actividades proselitistas que encabeza el propio presidente de la República en violación de Ley Electoral 275-97 y la Ley 41-08 sobre la Función Pública, que prohíben de manera expresa el uso de los recurso del Estado en actividades políticas.

El candidato del PRD consideró que el organismo comicial debe limitar la participación del presidente Leonel Fernández en la campaña electoral, ya que sus actividades proselitistas financiadas con fondos públicos no establecen ninguna diferencia entre el jefe del Estado y el dirigente político.

Recordó que le la Ley electoral No. 275-97, promulgada por el presidente Fernández en su primer ejercicio de gobierno, prohíbe el uso de fondos o bienes públicos en campaña electoral, así como la intervención del Estado en los procesos electorales.

El artículo 47 de la Ley Electoral, explicó el licenciado Bautista define como “ilícita la intervención directa o indirecta del Estado, de cualquiera de sus departamentos, dependencias u organismos autónomos o descentralizadas o de empresas que caigan dentro de la aplicación de la Ley de Inversión Extrajera, de los ayuntamientos o de entidades dependientes de éstos, de gobiernos extranjeros, en el sostenimiento de los partidos o el financiamiento de sus campañas.”

Resaltó también la Ley 41-08 sobre la Función Publica, aprobada por el actual Congreso y promulgada por el presidente Leonel Fernández prohíbe expresamente en su artículo 80 a los funcionarios y empleados públicos “servir a los intereses de partidos en el ejercicio de sus funciones, y en consecuencia, organizar o dirigir demostraciones, pronunciar discursos partidistas, distribuir propaganda de carácter político, o solicitar fondos para los mismos fines, así como utilizar con este objetivo los bienes y fondos de la institución.”.

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