La justicia de San Cristóbal ha sido puesta en la picota pública y amplios sectores nacionales le atribuyen acciones vergonzosas, tras el fallo de la Corte de Apelación de la provincia, ordenando la puesta en libertad del ex coronel del Ejército Nacional, Pablo Manuel Velásquez Taveras, el cual había sentenciado a 20 años por presuntamente ser el autor intelectual de la muerte del mayor José Miguel Herrán Mancebo. El hecho, -para el que la Procuraduría designó una investigación creando una comisión compuesta por los procuradores adjuntos Ramón Arístides Madera Arias y Bolívar Sánchez, y al fiscal adjunto Edward Núñez-, ha recibo una gran repulsa de sectores judiciales del país. El senador por la provincia Tomy Galán culpó a la Suprema Corte de Justicia, y aunque Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, no se refirió directamente a este caso, criticó la facilidad con que son puestos en libertad los ciudadanos que infringen la ley, al tiempo de señalar que el Código Procesal Penal es muy benigno y que fue impuesto por organismos internacionales.
El senador Galán pidió al presidente de la SCJ la cancelación de la jueza de la instrucción, licenciada Regina Carvajal, a la cual se le atribuyen supuestas irregularidades en sus funciones.
El legislador del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), dijo que el pueblo dominicano está avergonzado por las últimas acciones de jueces y del ministerio público de San Cristóbal.
Recordó que en una ocasión se refirió a la juez de la instrucción Regina Carvajal, quien lo acusó de supuestamente tener a su servicio varios abogados que sólo trabajan en los expedientes de narcotráfico.
El senador oficialista y aspirante a la misma posición por el parido morado dijo que si hubiese sido presidente de la Suprema cancela a esa juez, ya que la misma no ha dado respuesta de 15 expedientes de narcotráfico, y que se le atribuye ser débil en el cumplimiento de sus funciones.
De su parte, Julio Cesar de la Rosa Tiburcio, coordinador general de ADOCCO, solicitó al presidente de la Suprema Corte de Justicia y al Procurador General de la República, no detener las investigaciones de jueces y fiscales de la provincia San Cristóbal, y que las mismas se extiendan a toda la geografía nacional
Dijo que la percepción de la población es que en el Poder Judicial hay corrupción, por lo que la imagen de credibilidad que tiene la justicia como institución confiable se ha deteriorado, principalmente en el interior del país, donde a diario se producen escándalos por las actuaciones de jueces y fiscales.
La solicitud de la entidad anticorrupción se produjo a propósito de las investigaciones realizadas por el Departamento de Inspectoría de la Suprema en el departamento judicial de San Cristóbal, cuyos resultados liberan de responsabilidad a los jueces de allí y en cambio acusan a los fiscales de la comisión de irregularidades, provocando que la Procuraduría ordenara una investigación.
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