En la mayoría de los Ministerios y organismos autónomos y descentralizados se
celebran sorteo y licitaciones de proyectos amañados e interesados en violación a la ley
340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones.
Así lo denunció el arquitecto Alejandro Montás, expresidente del Codia y pasado
legislador, quien dijo que esta situación afecta a centenares de profesionales de la
ingeniería, la arquitectura y ramas afines están impedidos de trabajar en los proyectos
de infraestructura estatales.
El exlegislador señala que
importantes proyectos oficiales han sido sorteados y
licitados de manera fraudulenta sin cumplir y sin guardar el cumplimiento de la ley ,
por lo que exhortó a la Dirección de Contrataciones Públicas corregir el problema
para impedir que este continúe agudizándose en perjuicio del Estado, el comercio, la
pequeña y mediana empresa ,los trabajadores y las inversiones públicas.
Subrayó que muchas obras se han iniciados sin contratos, fiscalización y supervisión,
al tiempo que reclamó mayor flexibilidad en los recursos de los proyectos financiados,
muchos de los cuales se inician sin los estudios correspondientes y sin un presupuesto
acabado.
En diferentes ocasiones hemos visto que a una obra financiada se le coloca un
monto determinado y, después se depositan los adendum de la misma, lo que casi
siempre hasta triplica su valor original, expresó para agregar que es importante que las
erogaciones económicas del gobierno en el sector construcción sean transparentadas.
Afirmó que conforme a las informaciones recibidas la Suprema Corte de Justicia,
Procuraduría General de la República, la JCE, el Ayuntamiento Santo Domingo Este
y el Ministerio de Salud Pública se encuentran entre los organismos que honran la ley
340-06
Recordó que recientemente el presidente Leonel Fernández mostró su preocupación por
la difícil situación económica que padece el país, planteamiento que, a su juicio, debería
ser asimilado y puesto en práctica por sus funcionarios al momento de planificar,
valorar e invertir recursos económicos en los proyectos de construcción oficiales.
Consideró que el país demanda absoluta honestidad, disciplina y ahorro en el uso de
recursos económicos destinados a obras de carácter social, por lo que se debe actuar
con energía en contra de los funcionarios que administran dinero estatal y lo utilizan
para favorecer a terceros sin tener en cuenta las disposiciones legales.
Montás, quien durante tres años presidió la Comisión de Obras Públicas de la Cámara
de Diputados y en dos ocasiones fue el vocero del PLD en el hemiciclo, recordó que
la ley 340-06 establece los principios y normas generales que rigen la contratación de
obras, los cuales deben ser respetados y ejecutados por los titulares de las instituciones
públicas.
Añadió que si en los Ministerios y otras entidades del gobierno central se violenta
la ley, en los Ayuntamientos el problema es alarmante, ya que los alcaldes, con muy
escasas excepciones, otorgan de grado a grado miles de obras municipales a sus
amigos, familiares y relacionados, en perjuicio los profesionales de la ingeniería de
esas demarcaciones.
Estas acciones, además de ilegal, provoca que muchas de las obras edilicias colapsen
por la ausencia de supervisión y mala calidad, ya que muchas de ellas son construidas
por personas que carecen de los conocimientos profesionales en la materia dijo
Explicó que son escasas las obras oficiales que se construyen avaladas por la señalada
ley, por lo que reiteró su llamado a la Dirección de Contrataciones Públicas para
que se apliquen las normas que rigen el sistema de contrataciones de bienes, obras,
servicios y concesiones
El extitular del Codia recordó a los funcionarios públicos que la ley de compras y
contrataciones está regida por los principios de eficiencia, igualdad, libre competencia,
transparencia, publicidad, economía, equidad, responsabilidad, moralidad, buena fe,
reciprocidad, participación y razonabilidad.
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