Para un país que acumula al menos 12 millones de "sin papeles" -la mayoría hispanos- el control de la Casa Blanca y del Congreso por parte del Partido Demócrata había generado enormes esperanzas de una reforma en profundidad del sistema de inmigración, con algún tipo de amnistía. Se suponía que lo que Bush no pudo conseguir en su segundo mandato, Obama lo lograría en su primer mandato. Pero una combinación de factores se empeña en descarrilar esa prometida reforma.
La Administración Obama ya ha invertido buena parte de su capital político disponible sin conseguir la prioritaria reforma sanitaria, lo cual ha dejado a la Casa Blanca en un año electoral con pocas ganas de perseverar por el camino de la confrontación parlamentaria y las opciones impopulares. Al mismo tiempo, la crisis económica que ha dejado sin empleo a 15 millones de ciudadanos tampoco favorece grandes esfuerzos para regularizar a trabajadores "sin papeles".
En este contexto se explica el provocador proyecto de ley planteado por miembros republicanos del Congreso para abolir la ciudadanía automática para los hijos que los inmigrantes ilegales tienen dentro de Estados Unidos. Lo que supondría un giro copernicano a la tradición americana -reconocido en la enmienda número 14 de la Constitución federal- de conferir derechos de ciudadanía a cualquier persona nacida en su territorio, con independencia del estatus migratorio de sus padres.
Según ha indicado el diputado Gary Miller, republicano de California y co-patrocinador de esta polémica legislación, los inmigrantes "sin papeles" muchas veces vienen con la deliberada intención de tener los llamados "bebés ancla" para acceder a toda clase de beneficios públicos y servicios sociales. Lo cual repercute negativamente en los legítimos contribuyentes de Estados Unidos y no hace más que agravar el problema de la inmigración ilegal.
La propuesta no aspira a cambiar la Constitución, pero sí a enmendar su interpretación a través del Acta de Inmigración y Nacionalidad. El proyecto -sin carácter retroactivo- insiste en limitar la ciudadanía a los hijos nacidos de al menos un padre que ya sea ciudadano, residente permanente debidamente legalizado o miembro en activo de las Fuerzas Armadas, con insistencia en que la enmienda 14 estuvo pensada sólo para reconocer la ciudadanía a los esclavos emancipados tras la guerra de secesión.
Ante iniciativas de este tipo, y la percibida falta de liderazgo por parte de la Casa Blanca, la comunidad hispana ha empezado a perder las esperanzas de que la Administración Obama vaya a conseguir una reforma de inmigración con amnistía. Este malestar se ha visto agravado cuando en el reciente discurso sobre el estado de la Unión, el presidente solamente hizo una referencia genérica a inmigración en 71 minutos.
Los sectores que defienden una reforma migratoria han empezado también a adaptar sus mensajes a los tiempos económicos que corren. Según sus cálculos, un generoso programa de legalización podría suponer un crecimiento de 1,5 billones de dólares durante la próximas década, añadiendo una fortuna en ingresos fiscales al sacar a millones de trabajadores de la economía informal.
